“Los bajos salarios políticos como factor generador
de corrupción política en un país”

Los “sobresueldos” en la Argentina

Por Luis María Caballero
Presidente de Civilitas

 

Desde comienzos de los años 90 el problema de la corrupción se ha transformado en la Argentina en una cuestión de la mayor importancia.

Si bien desde hace mucho tiempo la llamada “viveza criolla” es considerada un mal nacional, podemos decir que es posible que los argentinos hayan comprendido que un sistema corrupto lleva irremediablemente al fracaso político, económico y social  sólo a partir de los escándalos ocurridos desde 1989 y hasta el día de hoy.

En el presente trabajo se intentará analizar brevemente la naturaleza del fenómeno de la corrupción teniendo en cuenta una de sus posibles causas.

1) En la Argentina actual hay quienes ya han comenzado a creer, efectivamente, que la corrupción forma parte del modo de “ser nacional”. No es infrecuente escuchar, aún entre niños de edad escolar, que ellos “como buenos argentinos” hicieron trampas en algún examen, llegaron tarde a una cita, se saltaron lugares en una fila, o lograron ingresar al cine sin pagar la correspondiente entrada. Es sorprendente y en cierto modo desesperanzador comprobar que, a comienzos del siglo XXI, sigue siendo muy actual lo que en su tango Siglo XX, cambalache afirmara hace tanto tiempo Enrique Santos Discépolo. Para muchos en la Argentina, “el que no llora no mama, y el que no afana[1] es un gil[2]”.

Fueron Almond y Verba quienes inicialmente plantearon que existen pautas de acción y de comprensión de la realidad política que son comunes a los individuos de la misma sociedad. Este primer paso llevó a un estudio más profundo de la cultura política, que intentó descubrir en qué medida esa comprensión de la realidad llega a ejercer cierto control sobre las élites políticas y sobre sus decisiones[3]. El modo de comprender una realidad política actúa de alguna manera como un condicionante eficaz de ella.

Sin embargo, a pesar de que la realidad de la corrupción surge a la vista, y su veracidad es tan evidente que no requiere de profundos análisis, para evitar la tragedia de la resignación habrá que comprender que el modo de llevar adelante “el destino común” en la Argentina no es producto de una cuestión biológica, ni nace de alguna característica ontológica de sus habitantes, sino que proviene de diversos factores que deberán ser analizados y modificados.

Las teorías lombrosianas y el pensamiento de Ferri no tienen aplicación en este esquema. Si la realidad ineludible fuera que cada uno de los argentinos es un corrupto, o un vago recalcitrante, o un verdadero pícaro, sería muy difícil de explicar por qué tantos de ellos, obligados a emigrar por diversas razones, se destacan y obtienen reconocimiento en sus actividades, cualesquiera que éstas fueran, en cualquier sitio del mundo en el que se encuentran. Por otra parte, lo mismo cabe decir de los millones de argentinos que honesta e incansablemente trabajan a diario por conseguir un país mejor. Llegados a este punto debemos convenir en que las razones del fracaso colectivo del país, o de la "inviabilidad" de su proyecto de nación, no son genéticas o naturales; sino que, precisamente, provienen de la ausencia de un verdadero proyecto y de la falta de una clara conciencia de lo común. Esto trae consigo la búsqueda de la salvación individual, aunque el resto se hunda.

Por la reciente aparición de numerosos escándalos mediáticos pareciera que la corrupción de la clase política argentina (que hoy comienza a extenderse, como un cáncer, en la sociedad) no es demasiado antigua, pero haciendo una somera investigación de la historia del país, uno se encuentra con que en todas las épocas han existido personajes que ya en el pasado utilizaron los mismos métodos que en la actualidad. Sin embargo, hoy se presenta un cuadro sumamente doloroso que obliga a pensar, a lo mejor por primera vez colectivamente, en las opciones existentes para construir un país de verdad. Claramente, una pobreza que alcanza a más del 30 % de la población, una desocupación que castiga al 10% de los argentinos en edad de trabajar y un futuro que se presenta cada vez más incierto por la falta de un proyecto nacional sustentable, no permiten dilaciones. El "roban, pero hacen" ya no debe convencer a nadie. Urge un cambio profundo en la cultura política del país.

Antes de proseguir con este análisis habrá que determinar qué se entiende en este trabajo por corrupción, pues las diferentes concepciones que de ella existen plantean la necesidad de observarla desde distintos puntos de vista. Un concepto restringido y positivista de corrupción se referirá sólo a la violación de normas concretas, mientras que una definición más genérica incluirá también elementos sociales o de convivencia más abstractos. No es lo mismo considerar la corrupción como una ofensa a la moral pública que simplemente como un delito. Cuando aquí se habla de ella no nos estamos refiriendo únicamente a “coimas” (comisiones ilegales) y sobornos, prohibidos por la ley, sino también, y principalmente, a cualquier acto que, por medio de la utilización de un poder otorgado, desvirtuando los fines de la función pública, y aún de la actividad privada, tiende a lograr para el que lo realiza (individuo, empresa o partido político) un beneficio propio, en desmedro del bien común.

 Según esta definición, llevar adelante obras faraónicas a costa de hipotecar las posibilidades de administración de gobiernos futuros, es corrupción. Realizar ayuda social y repartir bolsones de alimentos con el solo objeto de lograr la asistencia masiva a un acto político o de asegurarse un determinado caudal de votos, también es corrupción. Que un funcionario reciba una asignación extraña al salario fijado por la ley, proveniente de partidas presupuestarias destinadas a otros fines, que no habrán de ser cumplidos por este desvío de fondos, sin lugar a dudas, también es corrupción. Esto es así, independientemente de si luego se paga el impuesto a la renta por ese “bonus”, declarándolo como “ingresos varios”, ante la certeza de que jamás se investigará su origen.

Este panorama, que a simple vista parece desolador, debe plantearse también de un modo positivo intentando descubrir las oportunidades que se abren como consecuencia de esta crisis. Para aprovecharlas, sin embargo, habrá que cambiar muchas cosas. La feracidad de la tierra argentina, la fecundidad de su suelo, han gestado en muchos argentinos una cultura basada en la ley del menor esfuerzo. Afirmaciones que hoy parecen mitológicas por lo lejanas (la Argentina es el granero del mundo), o el convencimiento (muy generalizado hasta hace poco) de que allí es imposible que pueda existir el “hambre”, son muestras cabales de la confianza ciega que durante mucho tiempo existió en una abundancia y en unos dones que debían venir de la naturaleza misma, casi sin necesidad de la intervención humana. Hoy empiezan a percibirse síntomas de un cambio de mentalidad. Empieza a hacerse evidente que la vida debe ser distinta. Existe una realidad que debe ser cambiada, pues ya no bastan los paliativos, ni alcanza con manifestar de vez en cuando el descontento. Se hace patente la necesidad de comprometerse y contribuir a ese cambio. En especial para los jóvenes, que son sinónimo de fuerza y decisión, por mucho que se haya hecho por aserrar sus ilusiones.

Habiendo llegado a este punto, y ante una realidad que indica que no existe ningún “gen argentino” que predisponga a la corrupción, habrá que convenir en que el problema es cultural. El grado de aceptación que hoy tienen muchas conductas corruptas en el país es indudablemente una de sus principales causas y habrá que descubrir el modo de quebrar el círculo vicioso que lleva a ello.

Quizás pueda parecer simplista el análisis, pero he de centrar este trabajo solamente en una de las causas que facilitan esa aceptación en el ejercicio político (los bajos salarios que reciben los funcionarios políticos), y sólo en una de sus manifestaciones (la percepción irregular de ingresos por fuera del sistema legal de remuneraciones).

2) Uno de los grandes males que padece en la actualidad la Argentina es la falta de confianza entre los distintos actores sociales. Un famoso humorista argentino, de profundo sentido común, escribió hace un tiempo una breve reflexión que describe situaciones cotidianas en las que cada individuo se niega a creer que los que lo rodean puedan jugar limpio[4]. Un aserto acuñado hace muchos años, absolutamente falso pero que ha adquirido carta de ciudadanía en el país, afirma que “en la Argentina nadie ha hecho la plata trabajando”, y un personaje muy conocido, sindicalista y luego senador nacional, afirmó en otra ocasión, quizás sin darse cuenta de que usando la primera persona del plural quedaba implicado: “si dejamos de robar dos años, la Argentina sale adelante”.

¿Cómo alguien puede confiar en una clase dirigente que realiza ese tipo de afirmaciones? “Nadie” sería la respuesta más obvia, pero en la Argentina existe una profunda contradicción. Casi ningún argentino cree que la clase dirigente actual sea capaz de llevar adelante en el país un mani pulite similar al que se llevó adelante en Italia hace unos años, pero al mismo tiempo, fatalmente, cada cuatro años las elecciones llevan al poder a los mismos de siempre, porque “la voluntad popular expresada en el sufragio” así lo dispone. Es incomprensible, pero es así.

Afirma el embajador español ante la Naciones unidas Antonio Núñez García-Saúco “La corrupción y los comportamientos desprovistos de ética socavan los principios básicos de los regímenes democráticos, disminuyen los niveles de confianza de los ciudadanos en esos regímenes y atentan contra el Estado de Derecho”[5].

El desprestigio de la clase política ha llegado a límites insospechados, pero ese desprestigio, y en especial algunas manifestaciones de esa desconfianza, contribuyen en cierto modo a que la corrupción se mantenga en los niveles actuales y siga creciendo. Son parte de un círculo vicioso del que es muy difícil salir. En la Argentina existe el convencimiento de que los políticos “ganan demasiado” y de que es necesario que los salarios políticos se mantengan en los niveles actuales o que bajen aún más. Quizás si pensamos en lo que los funcionarios públicos hacen desde el punto de vista de la eficacia puede parecernos que eso es así, pero habrá que analizar objetivamente si en el sector público argentino se perciben salarios altos o bajos.

Hasta el año 2002 el tope de los salarios políticos brutos para el Presidente, su gabinete de Ministros y funcionarios subalternos (Secretarios de Estado, subsecretarios, directores y subdirectores) era de Tres Mil Pesos ($3.000), equivalentes a la misma suma expresada en dólares estadounidenses. A partir de ese año, un decreto de necesidad y urgencia emanado del Presidente de la nación dejó establecido que dicho monto correspondería al neto “de bolsillo”, luego de las retenciones de ley. A primera vista podría parecernos que esto es un “aumento” de salario, pero como para ese entonces ya se había producido el derrumbe del país, y por consiguiente la devaluación de la moneda argentina respecto del dólar, ese sueldo neto de Tres Mil Pesos, ahora equivalían aproximadamente a Mil Dólares (U$S 1.000). El Presidente de la nación argentina percibía por ese entonces un sueldo inferior al que un abogado junior percibe en un Estudio Jurídico mediano de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente Néstor Kirchner, que llegó a la primera magistratura del país con un discurso basado en la transparencia, modificó en el año 2004 los topes a percibir, llevándolos a Seis Mil Pesos ($6.000)[6]. Es decir que actualmente el presidente argentino percibe un salario de aproximadamente Veinticuatro Mil Dólares (U$S 24.000) anuales, mientras que el presidente Estadounidense gana en el mismo periodo Cuatrocientos Mil Dólares (U$S 400.000), el presidente mexicano Trescientos Seis Mil (U$S 306.000), el primer ministro británico Doscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos (U$S 235.300)[7], y el jefe de gobierno español cerca de Noventa Mil (U$S 90.000)[8].

Se podrá objetar que la realidad de cada país es distinta y que se han elegido para la comparación a los presidentes mejor pagos del mundo, pero si se hace un rápido repaso de los salarios presidenciales de los países más cercanos a la Argentina uno se encuentra con que el presidente de Chile tiene un sueldo equivalente a Cincuenta Mil Dólares (U$S 50.000) al año, el del Perú Cuarenta y Ocho Mil (U$S 48.000) y el de Brasil Cuarenta Mil (U$S 40.000)[9].

Resumiendo, el presidente de la República Argentina, uno de los países más ricos de la región, es el peor pago de toda América y uno de los peor pagos del mundo.

Si a esta realidad objetiva le sumamos el hecho de que en Estados Unidos el CEO (Chief Executive Officer) de una empresa privada mediana gana aproximadamente lo mismo que el presidente mientras que en la Argentina ganaría más de 5 veces más, comprendemos lo absurdo de mantener un esquema de salarios de esa naturaleza.

Plantear un ejemplo concreto puede ayudar a comprender la situación. En el año 2004 saltó a la luz uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos en la Argentina. Durante la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a una ex funcionaria del gobierno del presidente Carlos Menem, la estrategia de la defensa se basó en pretender justificar el incremento patrimonial de la acusada en que éste se había producido, no debido a la percepción de sobornos ni a ningún tipo de corrupción, sino a que, al igual que sus compañeros, la procesada percibía un adicional a su salario, equivalente aproximadamente a 10 veces el mismo. Se afirmó también que tal hecho no se daba a conocer abiertamente para evitar la susceptibilidad de la opinión pública. Por último, se utilizó como justificante para dicho accionar que el nivel de las responsabilidades asumidas tornaba absurdo un salario como el fijado legalmente.

A raíz de estas declaraciones y de la repercusión mediática y social que tuvieron, muchos funcionarios procesados por el mismo motivo, reconocieron haber participado del mismo sistema de percepción de ingresos[10].

Ese fue el inicio de una serie de reflexiones que hoy intento plasmar en este trabajo.

a) En efecto, parte de lo expresado por la defensa de la Ing. María Julia Alsogaray, ex Secretaria de Medio Ambiente de la Nación y ex Interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, es real: resulta incomprensible, y sería ridículo si no causara honda preocupación, que alguien que tiene en sus manos tales responsabilidades gane lo mismo que el gerente de una pequeña tienda de comestibles. Esta conclusión me lleva a una primera pregunta.

b) ¿Es lícito entonces que se recurra al ardid de percibir importes por fuera del sistema legal de remuneraciones sólo para evitar “herir susceptibilidades” en lugar de intentar explicar a la opinión pública la necesidad de que los funcionarios estén bien pagos? Mi respuesta es, absolutamente, no. Para quien tiene vocación de servir a su Patria en la función pública las opciones son dos: Se consigue mostrar a la sociedad la importancia de dicha misión y por ende la necesidad de que quien la lleve adelante tenga un salario digno, o se aceptan las reglas del juego hasta que ellas cambien. Los montos dinerarios que se han destinado al pago de sobresueldos en la Argentina durante los años de gobierno del Presidente Menem han sido calculados en aproximadamente Cuatrocientos Sesenta Millones de Dólares (U$S 460.000.000)[11]. Esos fondos provienen de los Cuatro Mil Millones de Dólares (U$S 4.000.000.000) que durante el mismo periodo dispuso el gobierno como “Gastos Reservados” del Poder Ejecutivo y de la SIDE (Servicios de Inteligencia Del Estado), que por ley habrán de ser destinados a tareas de inteligencia y a gastos corrientes cuya utilización no exige comprobantes. Es decir, tales fondos tienen un fin determinado y un alcance concreto. No se trata aquí de los llamados gastos de protocolo o representación, previstos en la ley,[12] puesto que éstos también eran pagados a cada funcionario, con su correspondiente inclusión en la nómina de pagos.

El dinero utilizado para pagar sobresueldos no se utilizó para el fin al que estaba destinado y en la mayoría de los casos no tributó de ninguna manera, porque el declararlo o no como “ingresos varios” quedaba librado a la voluntad de cada funcionario. La ex funcionaria que he tomado como ejemplo también declaró que a partir de 1995 el Ministro de Economía de la Nación, Dr. Domingo F. Cavallo comunicó a los funcionarios que era conveniente comenzar a incluir en las declaraciones juradas la percepción “del sobre”, aunque aún no se tenía claro cómo iba a poder instrumentarse esa decisión[13]. Esta afirmación, en el caso de que sea cierta, significa que antes de 1995 (el gobierno del Dr. Menem comenzó en el año 1989) ni siquiera se había planteado la posibilidad de tributar por esos montos. La dificultad para ello demuestra la falta de transparencia, de legalidad y legitimidad que tales pagos suponen. Esta conclusión me lleva a una segunda pregunta.

3) Como no es lícito “saltarse las reglas del juego” ni siquiera para paliar una injusticia, puesto que “el fin no justifica los medios” ¿Quién está en condiciones, en la actualidad, de ejercer las más altas funciones en la Argentina? Ensayo una respuesta: solamente una persona “rica”, para la que el salario no signifique gran cosa; o un “talento medio”, que no esté en condiciones de obtener un trabajo mejor en la actividad privada y para quien ganar Dos Mil Dólares (U$S 2.000) mensuales como Presidente de una nación sea efectivamente un progreso en su situación económica o profesional; o un corrupto que piensa obtener su diferencia económica de otra manera. Ninguna de estas opciones es halagüeña, pero por suerte también podemos mencionar como candidatos a dos especies en peligro de extinción: los santos y los héroes civiles. Cada vez son menos, pero alguno, seguramente, habrá de quedar.

4) En realidad esto que menciono con cierta ironía es el meollo y la clave de este asunto. La solución ideal, aunque es evidente que ello no acabaría con la corrupción de la noche a la mañana, sería elevar los salarios de los funcionarios públicos a niveles normales, a pesar de que el común de la gente puede no entenderlo, pues “Aunque el salario no sea el primer factor que las personas consideren al decidir entrar al sector público, ciertamente ésta es una consideración que influye en la decisión sobre su carrera”, opinó ante la comisión Jane K. Weizmann, de la consultora internacional Watson Wyatt Worldwide”[14].

 Si es evidente que nadie elige la “profesión política” simplemente por el monto de los salarios sino que intervienen en esa decisión muchos otros factores (vocación de servicio, ambición de poder, etc.), no es menos cierto que salarios dignos y competitivos ayudarán a atraer a la función pública a las personas más capaces. Afirmó al respecto la comisión canadiense en un reporte recomendando un aumento de salario para el primer ministro Chrètien: “Cualquier cambio (a los salarios) debe ser orientado … por la necesidad de asegurar que el trabajo en el gobierno atraiga, motive y retenga a los mejores y los más brillantes…”.

 Por otra parte, también es cierto que altos salarios no garantizan la honestidad y la transparencia de los funcionarios, pero evitarán una cosa, sin lugar a dudas: Que los políticos (incluso muchos con buenas intenciones) se corrompan “por necesidad”, recurriendo a sobornos, comisiones, malversaciones de fondos o mediante la construcción de sistemas perversos que incluyan “sobresueldos”. Como ha dicho el titular del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Miguel Braun, "es irreal pensar que va a haber buenos cuadros técnicos con sueldos de $ 3000 (U$S 1.000); el tope salarial produce funcionarios de bajo nivel o que obtienen recursos de otra manera, ya sea de manera honesta o corrupta"[15].

 

Luis María Caballero
lmcaballero@canac.com.ar
www.canac.com.ar